Convocatoria Asamblea Eleccionaria Diciembre 2007

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2007.-

MEMORANDUM

DE: Secretaria General de F.A.C.A.
PARA: MIEMBROS DE JUNTA DE GOBIERNO
EXPRESIDENTES DE F.A.C.A.
COLEGIOS DE ABOGADOS FEDERADOS
PRESIDENTES DE COLEGIOS DE ABOGADOS FEDERADOS
DELEGADOS DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DE F.A.C.A.
MOTIVO: Notificación de la Asamblea Ordinaria de Junta de Gobierno de la Federación, con elección de Mesa Directiva y Comisión Revisora de Cuentas para el período 2007/2009, y remisión del Orden del día con padrón de Colegios habilitados a votar.
FECHA: Viernes 14 de diciembre de 2007.
HORARIO: 11 horas.
LUGAR: Sede de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.

ORDEN DEL DÍA

1)   Designación de dos miembros para la firma del acta.
2)   Informe de Presidencia.
3)   Informe de Secretaría.
4)   Informe de Tesorería:
 a) Consideración de la Memoria y aprobación del Balance del Ejercicio 1/11/2006 al 31/10/2007.
b) Consideración del Presupuesto para el período 1/11/2007 al 31/10/2008.
5)   Asamblea Electiva. Elección de la Mesa Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas con mandato por dos años.
6)   Situaciones provinciales
7)   Varios.

   A efectos de la elección se transcriben las normas estatutarias y reglamentarias relativas a la misma:
Artículo 8°.- Celebra sesiones ordinarias cuatro veces por año y extraordinarias cuando es citada, con determinación del objetivo de la convocatoria, pudiendo reunirse en la Ciudad de Buenos Aires o en cualquier otra ciudad de la República. La última sesión ordinaria del año tendrá carácter de Asamblea y deberá realizarse en la Ciudad de Buenos Aires en el mes de diciembre de cada año. Los Colegios deberán estar representados por su Presidente o un delegado de entre los designados conforme lo establecido en el artículo 5°, no admitiéndose la representación de otro modo. Para sesionar deberán estar presentes un tercio de los Colegios. Cada Colegio tiene un voto y el Presidente solo votará en caso de empate. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los Colegios presentes, salvo el caso de separación de algún Colegio o miembro de la Junta, para lo cual será necesario el voto de los dos tercios del total de Colegios que componen la Federación. Los Colegios federados deberán tener al día el pago de la cuota establecida en el art. 19, inc. a), para tener derecho a voto, en las reuniones de Junta, a excepción de la que elija a la Mesa Directiva. Para este caso de elección de Mesa Directiva el pago de la cuota deberá estar realizado indefectiblemente al 31 de octubre de cada año electoral. El padrón de Colegios con derecho a voto para elegir a la Mesa Directiva deberá comunicarse a los Colegios federados con quince días de anticipación, como mínimo, a la fecha de reunión de la Junta.-

MESA DIRECTIVA.- Artículo 9°.- Estará integrada por un Presidente, un Vicepresidente 1°, un Vicepresidente 2°, un Vicepresidente 3°, un Secretario, dos Prosecretarios, un Tesorero,  un Protesorero y seis Vocales, designados por la Junta de Gobierno de su seno y por el término de dos años, los que terminarán su período simultáneamente, salvo el caso de renuncia, separación o cesación de mandato. Estas designaciones deberán recaer en representantes de distintos Colegio.- Reglamentación: (Resolución Asamblea 19-5-73). La fecha para la elección de la Mesa Directiva coincidirá con la de la última reunión de la Junta de Gobierno, del período que corresponda. Hasta diez días anteriores a la reunión de la Junta, la que deberá convocarse con una anticipación mínima de treinta días a la fecha de su celebración, deberá oficializarse las listas de candidatos, presentándolas en tres ejemplares firmados por los representantes de, por lo menos, cinco Colegios, en la Secretaría de la Federación, pudiendo las mismas ser completadas con un plan o programa de acción a cumplir. En la confección de las listas deberá observarse lo dispuesto por el artículo 9° del Estatuto, en el sentido que los candidatos deben pertenecer a distintos Colegios. Conjuntamente con la convocatoria a la Asamblea, la Mesa Directiva remitirá a la Junta de Gobierno, con quince días de anticipación a la fecha de la reunión, el padrón de los Colegios en condiciones de ser elegidos. La votación se hará por cargos, dentro de los candidatos que integran las listas oficializadas, quedando automáticamente eliminados los Colegios cuyos candidatos hayan sido electos para algún cargo, en las votaciones para los restantes cargos de la Mesa. Para ser elegido candidato, proponerlos y votarlos, los Colegios a los cuales pertenecen los propuestos deberán estar al día en el pago de las cuotas establecidas en el artículo 19 inc. a). En el supuesto de que se oficializara una sola lista y sus candidatos -o algunos de ellos- no reunieran la mayoría absoluta de votos, de los miembros presentes, el cargo volverá a ser votado, pudiéndose elegir cualquier miembro que reúna los requisitos estatutarios, por simple mayoría. Vencido el plazo estipulado, no podrán oficializarse más listas que las que hasta ese momento se hubieran presentado. En caso de no oficializarse ninguna lista, la elección se hará por cargos, conforme a las propuestas de candidatos que se hagan en la Asamblea. El acto eleccionario se efectuará durante el curso de la Asamblea, conforme a lo indicado en el art. 8° del Estatuto, en lo que se refiere a la forma de emisión de los votos y el cómputo de los mismos, salvo lo dispuesto en la presente reglamentación.-

   Asimismo, le hacemos llegar el padrón de los Colegios en condiciones de votar al 31 de octubre de 2007.

PADRON AL 31/10/2007

   Por último, le comunicamos que el plazo para oficializar listas vence a las 18 hs. del día lunes 3 de diciembre de 2007 en la sede de la FACA.

   Esperando contar con su presencia, aprovechamos la oportunidad para saludar a Ud. con nuestra consideración más distinguida.

Dr. OMAR EDUARDO BASAIL
Secretario

Justicia

Entre Ríos/El Diario de Paraná
Invitan a los ciudadanos a manifestarse sobre la Reforma
Para las organizaciones de la sociedad civil, entidades intermedias, ciudadanos, está pensado el taller sobre reforma constitucional organizado por el Colegio de Abogados. Es una oportunidad para que participe todo aquel que quiera manifestar una opinión acerca del texto de la Constitución entrerriana.
| A.S.
Un taller sobre la reforma constitucional ha organizado el Colegio de Abogados a través del Instituto de Derecho Constitucional y Administrativo. Tendrá lugar el jueves 22 del corriente mes y será abierto a la comunidad porque el objetivo es que todo ciudadano que tenga algún interés en manifestar una opinión acerca del texto constitucional lo pueda hacer. Comenzará a las 7.45 y se extenderá hasta las 20.
El objetivo es “generar un ámbito de estudio, debate y recepción de propuestas, referido al proceso de reforma constitucional que no se agote en lo técnico jurídico sino que tenga aptitud para brindar un servicio a la comunidad”.
Con la actividad se pretende explicar los alcances e importancia del proceso constitucional, como así también constituirse en un ámbito donde tanto abogados como otros profesionales, organizaciones de la sociedad civil, entidades intermedias o ciudadanos, puedan informarse del asunto y presentar sus opiniones o propuestas. Incluso, los periodistas, también son destinatarios de esta convocatoria.

METODOLOGÍA. Un conjunto de módulos se desarrollará a lo largo del taller. Cada uno se introducirá con una breve exposición, luego podrán intervenir los invitados y se abrirá el debate de los asistentes, con la presencia de los convencionales electos que decidan participar.
Las conclusiones, propuestas y recomendaciones que puedan surgir, formarán parte de un documento que el Instituto organizador elevará a la Comisión Directiva del Colegio para que a su vez, lo remitido a la Convención Constituyente.
El Dr. Hugo González Elías, presidente del Instituto destacó que el mecanismo propuesta a través de este taller, debería funcionar ya que “ahora la participación popular es una de las ideas fuerzas más importantes en el constitucionalismo”.

INICIATIVAS. El Colegio ya ha realizado actividades vinculadas a la reforma constitucional, pero hasta ahora con exposición de los convencionales electos y aportes formulados desde los profesionales. Esta iniciativa, programada para el 22, apunta en otra dirección: “Crear un ámbito en el que pueda participar cualquier ciudadano, entidades intermedias, para hacer aportes, sumar opiniones, sugerencias que van a ser dirigidas a los convencionales constituyentes -muchos de los cuales ya han comprometido su presencia en los distintos módulos- y concluir en un documento final que llegará a la Convención como “aportes de la comunidad”, explicó Elías.
Señaló que desde el Instituto advirtieron que con frecuencia desde los medios de comunicación se señalaba que en el proceso de reforma no aparecía la convocatoria a la comunidad. “Nos planteamos entonces, crear nosotros el ámbito ya que el Colegio de Abogados es una entidad no partidaria, pública pero no estatal y con idoneidad técnica como para conducir un debate” sobre esta materia.
El secretario del Instituto, en tanto, Mario Londero insistió que es “una ocasión para que los ciudadanos transmitan sus inquietudes y a partir de ahí darle el marco jurídico para hacer el ensamble específico y luego, el aporte por escrito a quienes van a ser responsables de la reforma constitucional”.

APORTE. El Dr. Jorge Elías, señaló que el Colegio como persona jurídica de Derecho Público no estatal está colaborando con la reforma constitucional mediante los Institutos que funcionan en esa institución. Del mismo modo que el Instituto de Derecho Constitucional y Administrativo organiza este taller, otros como por ejemplo, el de Derecho y Discapacidad presentará también recomendaciones, y cada uno en su especialidad hará el correspondiente aporte.
El presidente en tanto del Colegio, Orlando Jorge, apuntó que dentro de las materias que se pueden reformar, “todos los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de opinar y de dar nuestra posición respecto de la totalidad de los artículos o de alguno en particular, acerca del sentido en el que entendemos debería reformarse. Esta oportunidad, la del taller -subrayó-, es la ideal para que, a quien le interese, concurra y opine”. Advirtió que “no es necesario ser abogado para tener un interés sobre la Constitución, antes de sostener que “todos debemos asumir esta responsabilidad”.

Para destacar
Lugar y fecha: jueves 22 de noviembre en el Salón Lucio Dato del Colegio de Abogados. Desde las 7.45 hasta las 12 y de 14.30 a 20.
Módulos: “Qué es y qué importancia tiene la Constitución Provincial. Importancia del proceso y de la reforma constitucional en marcha para la sociedad entrerriana. Aspectos que se habilitan y los que no pueden ser modificados por la Convención Constituyente”.
-“Autonomía municipal. Relación Provincia-Municipio en un nuevo reparto de competencias”
-“Organismos de control provincial. Mecanismos de participación ciudadana”.
-“Empleo público. Procedimientos y procesos administrativos. La constitucionalización de la Administración Pública”.
-“Recursos naturales y medio ambiente”.

Río Negro/Río Negro On Line
Otra vez, designarán jueces sin concursos obligatorios
El Consejo se reunirá en Roca los días 21 y 22. Legisladores se comprometieron a tratar la reforma.
Otra vez, varios importantes cargos del Poder Judicial de Río Negro serán cubiertos sin concurso público de oposición y antecedentes, a pesar de que existe un proyecto de ley desde 2005 para incorporar ese mecanismo, y pese al compromiso asumido en setiembre por legisladores de todos los bloques de darle pronto tratamiento.
El Consejo de la Magistratura se reunirá en Roca el 21 de noviembre a la tarde y el 22 durante todo el día para nombrar tres jueces de Cámara del Trabajo, un juez Correccional, un juez de Ejecución Penal, un juez de Familia, un secretario de Cámara del Trabajo, un secretario del Juzgado de Familia, todos cargos con asiento en esta misma ciudad. Además, deberán cubrirse las vacantes eventuales que surjan si alguno de los varios funcionarios y magistrados en funciones es designado para los cargos en concurso.
El pasado 25 de setiembre, Familiares del Dolor invitó a legisladores de todos los bloques parlamentarios rionegrinos, al Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción y a integrantes de la comunidad a un debate en la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de Roca, del que participó también el Auditor General del Poder Judicial, Gustavo Martínez. Allí se analizaron dos temas centrales: las críticas públicas al proyecto de reforma del régimen disciplinario para jueces y funcionarios del Poder Judicial, y el reclamo generalizado de los presentes de que se apruebe el proyecto para que los cargos en la Justicia sean cubiertos mediante concurso de oposición y antecedentes.
En la oportunidad, los radicales Daniel Sartor, Marta Milesi y María Inés García, el peronista Carlos Peralta, Luis Di Giacomo de Encuentro, además de los legisladores electos Martín Soria y Marta Ramidán, entre otros, se comprometieron a no tratar en segunda vuelta la objetada reforma disciplinaria. En cuanto al concurso para designar a magistrados, se comprometieron a llevar al recinto antes del fin de su mandato al proyecto de ley elaborado en diciembre de 2005 en Bariloche por un plenario de los cuatro Consejos de la Magistratura de la provincia.
A mediados de octubre, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, envió a la Legislatura su adhesión al proyecto de ley, aprobada en un encuentro nacional realizado en Villa María, Córdoba.
Para los siete cargos concursados ahora, más las vacantes eventuales que se produzcan, se presentaron alrededor de 80 postulantes para esos cargos.
Como es habitual, el Colegio de Abogados de Roca convocó a los postulantes a rendir concurso de oposición y antecedentes, para lo cual integró las mesas examinadoras con docentes universitarios -algunos de ellos de la UBA-. Pero todo ello será no vinculante para el resto de los consejeros, los legisladores y los magistrados, aunque los consejeros abogados sí tomarán como vinculante el orden de mérito que resulte de los exámenes.
"Pedimos que, ya que el Consejo de la Magistratura y los legisladores no avanzaron en dar mayor transparencia al procedimiento, hagan suyo con carácter vinculante el orden de mérito que resulte de los concursos organizados por el Colegio de Abogados", dijo Carlos Gadano, de esa entidad.
Los exámenes serán tomados el viernes para el fuero de Familia y el lunes para los fueros Penal y Laboral.
Los consejeros abogados en el Consejo de la Magistratura ni siquiera considerarán como aspirantes a los que no hayan rendido los exámenes organizados por el Colegio, se indicó.
Gadano confirmó que "hemos tenido buena receptividad, formalmente no hemos tenido ninguna objeción a los concursos. Al contrario, los colegas dicen que les parece bien, para aportar elementos objetivos a las designaciones".
Mientras tanto, la Legislatura no aprobó en segunda vuelta la modificación de la resolución disciplinaria, pero tampoco avanzó en el análisis de la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura en lo que respecta a implementar la designación de funcionarios y magistrados por concursos que garanticen transparencia y designación por criterios objetivos que tengan en cuenta la formación profesional y la aptitud personal para el cargo.

INFOBAE
Jueces se resisten a publicar sus declaraciones en Internet
La Asociación de Magistrados cuestionó el proyecto del Consejo de la Magistratura que pretende publicar en la web el patrimonio de estos funcionarios
La Asociación de Magistrados le manifestó al Consejo de la Magistratura sus "profundos cuestionamientos" al proyecto de resolución con relación a la publicación en internet de las declaraciones juradas de los jueces.
El presidente de la Asociación, Ricardo Recondo se reunió con los Consejeros de la Magistratura Pablo Mosca (presidente saliente), Diana Conti (futura vice), Mariano Candioti (próximo presidente) y Luis María Cabral, para expresarle su preocupación por la normativa en ciernes.
El proyecto, que establece la difusión de las declaraciones juradas patrimoniales de los jueces, fue calificado por Recondo como "incompatible con lo dispuesto por la Ley de Etica Pública".
Según el presidente de la entidad que nuclea a los jueces, esa ley "no contempla ni permite la difusión masiva e indiscriminada del contenido de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos obligados a presentarlas , lo que sí ocurriría de prosperar el proyecto de autoría de la consejera Conti".
Recondo aclaró que "el estamento judicial no pretende gozar de ningún trato privilegiado, pero la situación especial de su actividad, tampoco puede implicar que se los coloque en una situación de inferioridad".
El titular de la Asociación advirtió que en la iniciativa de Conti "se imposibilita el control del manejo de tales informaciones por parte de cualquier usuario de internet, incrementándose así los riesgos de que dichas declaraciones juradas pudieran ser utilizadas indebidamente".

Diario HOY
Reforma
Más cerca de aprobar la declaración jurada de los patrimonios de los jueces
La Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura tratará mañana a las 15 el proyecto que contempla esta moción. En la actualidad, según el reglamento, están excentos de brindar esa información
La Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura tratará mañana a las 15 el proyecto de reforma para la publicación de la declaración jurada de los patrimonios de los jueces.
En su reunión del pasado jueves 8 de noviembre, el plenario del cuerpo aprobó dar a publicidad las declaraciones juradas del patrimonio de todos los jueces nacionales y federales.
Además, durante esa reunión, el Consejo resolvió derogar varios artículos del reglamento actual que data del año 2005 que limitaban esa posibilidad porque los jueces podían negarse a facilitar esa información.
Al mismo tiempo se dispuso que la Comisión de Reglamentación elabore un nuevo reglamento de acuerdo al proyecto presentado por la diputada y consejera Diana Conti.
La propuesta de Conti se basa en la Ley de Etica Pública por la que todos los funcionarios están obligados a dar a conocer sus declaraciones juradas de bienes.
Fuentes del Consejo informaron que el proyecto de la diputada  fue consensuado con miembros de la Asociación de Magistrados y estimaron que sera aprobado mañana por la comisión que preside la senadora Maria Laura Leguizamon.
De acuerdo a las fuentes consultadas por Telam, la comisión estará integrada por los representantes de los jueces, Luis Maria Cabral, Miguel Angel Gálvez y Luis Maria Bunge Campos, junto a Pablo Mosca por los abogados, Mariano Candiotti por los académicos y Conti por los legisladores.
Este cuerpo resolverá que una comisión técnica estudie las características necesarias para que las declaraciones patrimoniales de los jueces puedan difundirse por internet.

Página/12
LA TIPIFICACION DE LA DESAPARICION FORZADA
Un delito más en el Código
La Cámara de Diputados dio media sanción a la incorporación al Código Penal del delito de desaparición forzada de personas. Hasta ahora se juzga como privación de la libertad.
Por Miguel Jorquera
“Es una deuda pendiente que venimos a saldar”, dijo la diputada kirchnerista Rosario Romero. Por 167 votos a favor y sólo dos en contra, la Cámara de Diputados dio ayer media sanción a la incorporación al Código Penal del delito de desaparición forzada de personas. Por la noche, los diputados convirtieron en ley otra iniciativa vinculada con los crímenes de la dictadura: la ratificación del tratado sobre el mismo delito de desaparición forzada.
Consensuado entre los diferentes bloques, organismos del Estado y organizaciones de derechos humanos, el proyecto de incorporación de la desaparición al Código establece la pena de “prisión o reclusión perpetua” para los agentes del Estado que “actuando con la autorización o apoyo del Estado” priven de la libertad a otras personas. La norma también deja a consideración de los jueces la reducción de la pena –de 8 a 20 años de prisión o reclusión– para los arrepentidos que proporcionen información que permita la efectiva aparición con vida de la víctima. La única disidencia fue de la bancada macrista, que pedía extender la penalización del delito a los “grupos terroristas”.
Encargada de abrir el debate, Romero fue la presidenta de la Comisión de Legislación Penal y una de las legisladoras que redactó el proyecto: “Si hoy tuviéramos que juzgar a una persona acusada de hacer desaparecer a otra, tendríamos que remitirnos a los delitos establecidos en el Código Penal: la privación ilegítima de la libertad. Por eso proponemos incorporar al Código Penal un artículo que establezca la desaparición forzada de personas y sus penas”, dijo escuetamente Romero, que detalló los aspectos técnicos de la norma.
En la iniciativa se afirma que “se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua al agente del Estado, persona o miembros de un grupo de personas que, actuando con la autorización o apoyo del Estado prive de la libertad a una o más personas”. Y que “la pena será de 8 a 20 años de prisión o reclusión cuando los autores o partícipes liberen con vida a la víctima o proporcionen información que permita su efectiva aparición con vida”.
Este último punto quedará a consideración de los propios jueces, que tampoco podrán archivar las causas hasta que no se esclarezca la desaparición forzada. El juez, también –de oficio o a pedido de parte– “deberá apartar a las fuerzas de seguridad que intervengan en la investigación cuando de las circunstancias de la causa surja que miembros de las mismas pudieran estar involucradas como autores o partícipes de los hechos que se investigan, aunque la situación sea de mera sospecha”.
El también kirchnerista Remo Carlotto reivindicó el acuerdo logrado entre los distintos bloques y planteó que “tenemos un compañero desaparecido: Jorge Julio López”, en referencia al testigo clave en el juicio que condenó al represor Miguel Etchecolatz.
La mayoría de las bancadas opositoras adhirieron al proyecto, después que el oficialismo abrió paso al debate en las comisiones y terminó de consensuar las distintas propuestas. La arista Marcela Rodríguez valoró que el oficialismo abriera el debate para presentar un dictamen unificado y que “la incorporación de todos los tratados internacionales sobre derechos humanos se adoptara como política de Estado”. En el mismo sentido se pronunciaron el socialismo y el radicalismo. “Este dictamen es radicalmente distinto y saldó los cuestionamientos éticos y jurídicos”, dijo la radical santafesina Alicia Tate sobre el consenso logrado.
La diputada de Recrear, Nora Ginzburg, en cambio, recurrió al Tratado de Roma y las experiencias de Colombia y Perú para reclamar que la penalización alcance también a las “organizaciones terroristas” y volvió sobre los ejemplos de las Farc colombianas y a la desmantelada guerrilla peruana de Sendero Luminoso. Federico Pinedo, jefe de la bancada macrista, dijo que “compartía el espíritu del proyecto que se estaba votando” pero que respaldaría la propuesta de Ginzburg. El ex zamorista Carlos Tinnerello le salió al cruce: “Hay algunos legisladores que todavía reivindican la teoría de los dos demonios desconociendo nuestra propia experiencia”, sentenció.

INFOBAE Profesional
La Justicia vuelve a aplicar el mobbing para fundar despidos
La cámara laboral avaló la demanda de una trabajadora que se consideró despedida a causa de malos tratos y agresiones verbales. De esta manera, el fallo se enrola en una corriente de sentencias que toman figuras no previstas en la ley laboral para condenar cesantías. Qué dijo el tribunal
Las empresas siguen jaqueadas por demandas motivadas por discriminación, acoso moral, psicológico o mobbing. En esta oportunidad, y en una suerte de ratificación de esta tendencia, la cámara Laboral avaló la demanda de una trabajadora que se consideró despedida a causa de "agresiones verbales y tratos degradantes".
La sentencia se enrola en una serie de pronunciamientos que amplían el concepto de injuria laboral a situaciones que anteriormente no tenían ese carácter.
De esta manera, y en caso de consolidarse esta tendencia, las “presiones” u “hostigamientos” denunciados habilitarán a los trabajadores a considerarse en situación de despido y reclamar las indemnizaciones correspondientes.
Sucede que la figura del mobbing es muy reciente en la Justicia argentina y surgió de la propia doctrina judicial, ya que no está regulada por ley. Sin embargo, existen numerosos proyectos en el Congreso que buscan regular este instituto de manera específica.
Los jueces tomaron esta determinación en la causa “Mirabito, Graciela Teresita c/ Trumar SA s/ despido”. Allí, una trabajadora se consideró despedida a causa de “agresiones verbales, tratos degradantes, sometimientos continuos, acoso y persecuciones” (ver fallo completo).
Para justificar el despido, el tribunal consideró que las declaraciones de los testigos “dieron cuenta de innumerables agresiones verbales, tratos degradantes, sometimientos continuos, situaciones denigrantes, acoso y persecuciones permanentes del vicepresidente de la empresa al personal en general”, y en forma particular a la trabajadora.
Y agregaron que ese trato dispensado a la trabajadora “justificó la denuncia por justa causa del contrato de trabajo, ya que aquella no estaba obligada a soportar ese proceder objetivamente reprochable, que alteraba la convivencia pacífica y civilizada en un ámbito colectivo, y que revela un marcado grado de desprecio por la integridad de los dependientes”.

El tribunal dijo que “el comportamiento del vicepresidente de la firma contribuyó al hartazgo de la trabajadora”.

Por último establecieron los jueces que el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo se refiere a los incumplimientos constitutivos de la injuria que tornan inequitativo exigir a la parte cumplidora la observancia del contrato, cuando el equilibrio fue quebrado por la otra contratante.
“En la especie, las modalidades y las circunstancias personales descriptas, condujeron decididamente a ese desequilibrio”, concluyeron.

Opiniones
Marcelo Aquino, socio de Baker & Mckenzie, consideró que lo novedoso de esta tendencia es que crea una causal injuriante que antes no era considerada como tal.
El abogado aseguró que este tipo de situaciones no eran invocadas por las partes ni analizadas por los jueces como una causal de incumplimiento de contrato de trabajo.
Es por eso que el consultor advirtió que debe existir una interpretación “razonable” por parte de los jueces de la “presión laboral” denunciada por los trabajadores; ya que no existe ningún ámbito de trabajo donde en mayor o menor medida se configuran situaciones de presión, concluyó.
En la misma linea, Fernando Cortés, miembro de De Diego & Asociados Abogados, indicó los jueces en estos fallos amplían el concepto de injuria laboral habilitando a los trabajadores a considerarse despedidos ante situaciones que antes no justificaban el despido.
Por eso, recalcó la importancia de modificar la legislación laboral e incorporar estas figuras para cubrir el vacío legal que hoy existe sobre este tema.
Cortés advirtió que para prevenir este tipo de reclamos, las empresas confeccionan códigos de ética donde establecen qué conductas deben observar sus empleados jerárquicos superiores en el trato dispensado al personal de menor jerarquía que se encuentra a cargo de aquellos.

Antecedentes inmediatos
El fallo va en el mismo sentido de otros pronunciamientos que aplicaron la figura del mobbing, acoso u hostigamiento para condenar despidos.
En este sentido, en la causa “Veira, Mónica c/ Editorial Perfil S.A. s/ despido” la Cámara Laboral hizo lugar a un reclamo por acoso moral promovido por una empleada de una editorial que se consideró despedida argumentando persecución laboral.
Además, en esa causa se extendió solidariamente la condena por daño moral a los dos empleados jerárquicos denunciados por la trabajadora por “hostigamiento psicológico”. (ver nota “Mobbing: la justicia condena solidariamente a gerentes”).
Por otra parte, en la causa “Rybar, Héctor c/ Banco de la Nación Argentina s/ despido” los jueces aceptaron un reclamo por mobbing promovido por un empleado de un banco que se consideró despedido por la presión psíquica y moral que sufrió en su trabajo (ver nota “La justicia aplica otra vez el mobbing para condenar despidos”)

Matías Debarbieri
© infobaeprofesional

INFOBAE Profesional
Diputados impulsa un nuevo régimen de pasantías
La iniciativa tiene dictamen de las comisiones de Educación y de Legislación del Trabajo de la Cámara baja. Será tratada en la sesión de esta tarde
La Cámara de Diputados sancionaría en la sesión de esta tarde un proyecto de ley que pretende derogar totalmente la ley 25.165 de pasantías y establecer un nuevo régimen de pasantías educativas.
La actual ley de pasantías fue blanco de críticas en estos últimos tiempos por parte de los legisladores, ya que sostenían que esa norma era utilizada para adquirir personal que desarrolle tareas que eran cumplidas por sus empleados y así se terminaba desvirtuando el objetivo de la la ley.
Los diputados presentaron diferentes proyectos de ley tendientes a subsanar esta situación y fueron unificado en un solo dictamen que sería considerado esta tarde por la Cámara baja.
La iniciativa mantiene las obligaciones sociales como el seguro de salud, riesgos de trabajo y condiciones de higiene.
Asimismo, los tiempos de duración de esta figura se establecen en un mínimo de dos meses y un máximo de un año.
La actual ley establece una carga de cinco días a la semana con una jornada de cuatro horas. Sin embargo, la propuesta de los diputados establece directamente un carga de 20 horas semanales sin especificar su distribución en la semana.
La ley 25.165 determina los objetivos y los requisitos que deben cumplirse para reconocer la pasantía. En principio debe realizarse un convenio entre la institución educativa y la empresa, situación que se mantiene en el proyecto de ley. Sin embargo, la iniciativa agrega que todo convenio debe ser notificado a las autoridades educativas.
Por otro lado el régimen actual establece que debe haber una retribución de estímulo para viajes y gastos que será establecido entre la empresa y la institución educativa. La iniciativa agrega que la retribución no debe ser inferior al salario básico del convenio colectivo aplicable a la empresa.
Otro de los aspectos importantes del proyecto es que establece que las pasantías no pueden suplir las tareas de otros empleados de las empresas, ya que es una herramienta de los alumnos para prolongar sus conocimientos profesionales.
Asimismo, destaca el proyecto que las tareas que realice el pasante no deben ser ajenas a los objetivos pedagógicos de su programa de estudio.
La diferencia sustancial que pretende introducir la iniciativa se da en el caso de la violación a la ley de pasantías.
En concordancia con los últimos fallos de la justicia sobre materia laboral, el proyecto en estudio establece que el incumplimiento de la ley hará que la pasantía pierda carácter de tal y se considerará contrato de trabajo rigiendo las sanciones e indemnizaciones correspondientes.
Por otro lado la iniciativa también indica que se aplicará el principio "in dubio pro operario" porque en caso de de duda se entenderá que la relación entre el pasante y la empresa es de naturaleza laboral y se aplicará el régimen de contrato de trabajo.
La diputada Blanca Osuna (FPV), presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, sostiene que el nuevo régimen establece normas más taxativas que la actual ley, especialmente en los tiempos de duración de la pasantía sin ninguna posibilidad de prórroga para que se eviten "gran parte de desvíos verificados en relación con los propósitos fundamentales de formación inherentes al sistema de pasantías".
En caso de que la iniciativa sea aprobada por la Cámara baja, la misma será girada a la Cámara de Senadores para su revisión.

Wenceslao Wernicke
especial para Infobaeprofesional

Política

La Nación
El gabinete del próximo gobierno
Cristina Kirchner retuvo a De Vido y nombró a Lousteau en Economía
Dispuso pocos cambios respecto del actual equipo; continúan siete ministros; Lousteau, de 36 años, es la designación más relevante; se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología y vuelve el de Seguridad y Justicia, que manejará a la Policía Federal
El gobierno de Néstor Kirchner develó ayer la incógnita sobre el futuro gabinete de la presidenta electa. Tal como se preveía, Cristina Kirchner ratificó la continuidad de varios ministros: nueve; ascendió a ese rango a dos funcionarios de segunda línea e incorporó sólo a tres figuras nuevas, aunque todas tienen un claro perfil kirchnerista.
Los dos ministros de mayor poder, enfrentados entre sí, preservarán sus cargos. Son ellos el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el titular de Planificación Federal, Julio De Vido. Quedaron así equilibradas las relaciones de poder interno en la administración kirchnerista.
Más allá de lo que parecería un empate, Alberto Fernández salió fortalecido, según confiaron a La Nacion fuentes oficiales. Impulsó el nombramiento del nuevo ministro de Economía, el joven Martín Lousteau (de 36 años), presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Es la incorporación más relevante del próximo gobierno.
El resto del gabinete representa la continuidad del actual equipo. Kirchner y Cristina Kirchner viajarán hoy, a las 16, a El Calafate, para decidir cómo quedarán integradas las secretarías de Estado.
Por pedido de Cristina Kirchner, Alberto Fernández, de visible buen humor, fue el encargado de hacer los anuncios, en la Casa Rosada. La decisión de anticipar la difusión del elenco obedeció a la necesidad de frenar las peleas internas, que se habían hecho evidentes en los últimos días.
Los nueve ministros ratificados, o altos funcionarios, son: Alberto Fernández, De Vido, Carlos Tomada (Trabajo), Alicia Kirchner (Desarrollo Social), Jorge Taiana (Cancillería), Nilda Garré (Defensa), Oscar Parrilli (secretario general), Carlos Zannini (secretario legal y técnico) y Aníbal Fernández, que dejará el Ministerio del Interior, pero fue designado en la futura cartera de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Aníbal Fernández ganó un notorio espacio. Controlará en su nuevo destino la Justicia y retendrá la Seguridad Interior, con el consiguiente manejo de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval.
En las carteras de Educación y Salud habrá antiguos funcionarios de Kirchner. En la primera, asumirá Juan Carlos Tedesco, actual secretario de Educación, promovido por el actual ministro Daniel Filmus. Y en Salud tomará la posta Graciela Ocaña, ahora titular del PAMI, que desplazará a Ginés González García.
Para corroborar los nombramientos, se enviará al Congreso un proyecto de reforma de la ley de ministerios. Así, se desdoblará Educación y se reforzará Justicia.
Las incorporaciones son pocas. Además de Lousteau, se sumará el funcionario bonaerense Florencio Randazzo, que fue nombrado como ministro del Interior con el poder recortado. Randazzo se ocuparía de una reforma política y de afianzar las relaciones del Gobierno con el conurbano.
Otra sorpresa resultó la creación de un ministerio que dirigirá un científico que no estaba en los planes de nadie. Lino Barañao, de él se trata, dirigirá el futuro Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. El área científica, así, no pertenecerá más a la órbita de la cartera de Educación.
Químico, experto en biotecnología, Barañao dirige ahora la Agencia Nacional de Promoción de Ciencia y Tecnología, dependiente del Conicet.

Los cuatro que se van
En síntesis, sólo cuatro ministros actuales dejarán de serlo: Alberto Iribarne (Justicia), Miguel Peirano (Economía), Ginés González García (Salud) y Filmus (Educación). Los dos últimos fueron elegidos para cargos legislativos. Sólo tres futuros ministros no pertenecen al gobierno actual: Lousteau, Barañao y Randazzo. Y otros dos funcionarios serán ascendidos: Ocaña y Tedesco.
Según confiaron a LA NACION fuentes oficiales, desde el llano -o desde un "café literario", según bromeó-, Kirchner retendrá el control político de Economía (Lousteau), Planificación (De Vido) y Desarrollo Social (Alicia Kirchner). Son las áreas que administran los mayores recursos económicos.
Cristina Kirchner se concentrará en la conducción política de Relaciones Exteriores, Defensa, Salud, Trabajo, Interior, Educación y Ciencia. Claro que la "mesa chica" continuará conformada por el matrimonio Kirchner, Zannini y Alberto Fernández.
Las peleas internas quedaron saldadas. Lousteau reemplazará a Peirano, que decidió no continuar luego del 10 de diciembre debido a su fuerte encontronazo por la manipulación de las estadísticas del Indec con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y con De Vido, ambos avalados por el propio Kirchner.
Ante el triunfo coyuntural de De Vido, el Presidente y Cristina Kirchner decidieron devolverle a Alberto Fernández la facultad de influir sobre los nuevos ministros de Economía, Salud e Interior. Lousteau, Ocaña y Randazzo responden a Fernández. Además, Fernández impuso la idea también de no tocar demasiado el gabinete para no perder "capacidad de gestión".
El matrimonio Kirchner viajará hoy a El Calafate y definirá las segundas líneas. Según las primeras versiones, Peirano y Moreno tendrían cargos en el futuro gobierno. Felipe Solá sería embajador en Francia y Héctor Timerman, en Estados Unidos.

Por Mariano Obarrio de la Redacción de LA NACION

Clarín
MAS PODER PARA LA CARTERA DE JUSTICIA
Aníbal Fernández seguirá a cargo de la seguridad en otro ministerio
Dejará Interior, pero permanecerá al frente de la Policía y las demás fuerzas federales.
Por: Pablo Abiad
Aníbal Domingo Fernández dejará el Ministerio del Interior, pero seguirá al frente de las fuerzas federales de seguridad en el nuevo Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Fernández era el preferido de algunos sectores militares para ocupar la cartera de Defensa; él aspiraba a quedarse, por lo menos, como ministro de Trabajo. Sus acciones estaban un poco en baja luego de que su lista perdiera las elecciones de Quilmes, su pago chico, con otro candidato kirchnerista. Pesó más su conocimiento en el manejo de la Policía Federal y su perfil para afrontar públicamente las crisis cíclicas en materia de inseguridad.
Será la cara del Gobierno que va a negarle al nuevo jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, el traspaso de la Policía Federal a la órbita porteña. También seguirá al mando de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval. Y en su mudanza se llevará el Registro Nacional de Armas (ReNAr).
En el Gobierno repetían ayer que la idea es concentrar todo eso con la administración del Servicio Penitenciario Federal, que depende de Justicia, y el apoyo al Poder Judicial de la Nación, tarea que -se supone- le compete al ministro de Justicia.
Aníbal se convertirá así en el decano del Gabinete. En enero se cumplirán cinco años de su designación como secretario general de la Presidencia, durante la era de Eduardo Duhalde. Luego fue ministro de la Producción.
No está definido quiénes van a ser sus secretarios. En Derechos Humanos podría quedar Eduardo Luis Duhalde y en Justicia, Marcela Losardo, cercana al jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Se desconoce el futuro de Luis Tibiletti, hoy a cargo del área de Seguridad Interior.
Aníbal Fernández tiene 53 años. Se recibió de contador en la Universidad de Buenos Aires, de joven, y como abogado en la de Lomas de Zamora, a los 47, mientras ocupaba la cartera de Trabajo en la provincia de Buenos Aires. Suele recordar que entre sus profesores tuvo, en Derecho Penal, a Sergio Torres, uno de los jueces federales con los que convivirá en su nuevo cargo.
En los pasillos sensibles de los tribunales Comodoro Py fue bien recibida su designación; sobre todo entre los jueces de primera instancia. Ayer no se destacaba tanto sus dotes de gran jurista como de posible interlocutor, cuando algunas causas sensibles para el Gobierno empiezan a acumular fojas y pruebas.
"Antes vamos a tener que charlar algunas cositas", ironizaba uno de los federales a propósito de que, en julio, Aníbal Fernández fue quien le reveló al Presidente un diálogo que tuvo con el fiscal Carlos Stornelli acerca de los primeros dos kirchneristas indagados en el caso Skanska.

Página/12
Acusaciones de continuidad y corrupción
Los principales referentes de las fuerzas opositoras cuestionaron la continuidad de la mayoría de los ministros, en particular la de Julio De Vido. Hubo elogios para Lousteau y para la creación de un ministerio de Ciencia.
Por Werner Pertot
La frase del “cambio en la continuidad” estuvo en boca de más de un opositor. La mayoría lamentó para luego dejar llover los cuestionamientos por la escasez de cambios en el futuro gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, y en especial por la continuidad de Julio De Vido. La más crítica de todos los críticos fue, claro está, Elisa Carrió. “Permanecen los ministro más corruptos de la gestión anterior”, impactó. Otros eligieron la mesura o hasta el silencio, como fue el caso de Mauricio Macri. “Me parece que hay mucha continuidad y poco cambio”, opinó ante Página/12 el ex candidato de UNA Roberto Lavagna. El futuro ministro de Economía, Martín Lousteau, fue quien cosechó la mayor cantidad de elogios de los opositores.
Si bien las nuevas caras tuvieron alguna que otra mención amigable, predominaron las críticas a la permanencia de los viejos rostros. Entre los diversos cuestionamientos, Lilita se mantuvo fiel a su perfil y fue la única que vinculó las designaciones a los casos de corrupción. Se sabe: la líder de la Coalición Cívica fue quien le puso a De Vido el título de “cajero de Kirchner”. Tras la campaña, no volvió a hablar de la presidenta electa. “Hay que esperar a ver los nombres del Gabinete”, decía. Ayer dejó de esperar, sobre un fondo de sonidos y furia opositora.

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- Elisa Carrió, líder de la CC: “Quedó demostrado que la campaña basada en el cambio que hizo el kirchnerismo no ha sido otra cosa que una campaña de imagen para la continuidad de lo peo